November 25, 2021. “¿Por qué Kast ganó a Boric en las 20 comunas más pobres?” Latinoamerica21.com.

The original article was published at https://latinoamerica21.com/es/por-que-kast-gano-a-boric-en-las-20-comunas-mas-pobres/. It was republished in Clarín (main Argentinian newspaper), Folha de Sao Paulo (Brazilian newspaper), Tal Cual (Venezuelan newspaper), and Revista Dat0s (Bolivian magazine).

Las recientes elecciones presidenciales en Chile sugieren una desconexión del principal candidato de izquierda con la clase baja, donde el candidato de extrema derecha goza de una fuerte popularidad. El 19 de diciembre Gabriel Boric, candidato por la coalición de izquierda Apruebo Dignidad y quien obtuvo casi un 26% de apoyo en la primera vuelta, se enfrentará a José Antonio Kast, candidato por el conservador Frente Social Cristiano y quien recibió cerca de 28% de los votos.

Cuando se anticipa una segunda vuelta electoral —tal como casi unánimemente se esperaba en Chile— y existen candidatos que apelan a distintos clivajes, los votantes tienden a votar sinceramente. En cambio, en la segunda vuelta el voto es más estratégico: aunque no guste mucho un proyecto, se apoya al menos malo. Considerando esto, la siguiente tabla muestra las preferencias (sinceras) en las 20 comunas más pobres del país. Estas 20 comunas se sitúan en 6 de las 16 regiones del país y están en el norte, centro y sur de Chile:

Fuente: https://live.decidechile.cl/#/ev/2021.nov

Como se puede ver, Kast fue más votado que Boric en todas las comunas, recibió un apoyo promedio de 37,5% (36% fue la mediana), mientras que Boric recibió un promedio de 13,3% (mediana de 13,5%). En algunos casos, la diferencia fue abrumadora: Kast recibió 24 veces más votos en Colchane. La tabla no permite extrapolar las preferencias al resto del país ya que las comunas no son representativas ni demográfica ni geográficamente. Por ejemplo, los resultados en la Araucanía y Los Lagos probablemente están muy condicionados por el conflicto que se vive en la zona. Sin embargo, la tabla muestra una tendencia clara, y que se suma a lo que mostró la encuesta publicada a principios de noviembre por la consultora Activa. En ella, Kast lideraba las intenciones de voto en los grupos socioeconómicos “D” (clase baja, el grupo más numeroso con cerca del 37% de la población) y “E” (pobres, 13% de la población y el tercer grupo más grande). Un 21,3% de los encuestados decía que votaría por Kast, mientras que sólo un 13% por Boric.

El misterio

¿Cómo es posible que un pinochetista que apoya a una dictadura que fue tan represiva económica y humanitariamente con la clase baja sea más popular que un candidato surgido desde la protesta social con afán de representar demandas por mayor justicia social, y que ha hecho lo posible por encarnar los presuntos anhelos de la masiva revuelta que comenzó en octubre de 2019?

Una opción sería culpar a los votantes. En cierta sociología marxista, la “falsa conciencia” ocurre cuando los oprimidos son incapaces de reconocer la explotación que padecen en una sociedad capitalista. Su naturalización de las clases sociales, inducida por el control del discurso público por parte de la burguesía, les impide defender sus verdaderos intereses. Entonces, no sabrían distinguir con claridad qué candidato los representa mejor.

Otra visión, menos condescendiente, sería ver qué preocupa a los grupos socioeconómicos más bajos. Cuando se revisa la información disponible, entonces el aparente misterio se desvanece.

La encuesta de Activa destaca que los temas de mayor importancia desde la clase media acomodada (“C1”) a los pobres (“E”) son, en orden decreciente, delincuencia, pensiones, y salud. A estos les siguen en todos los grupos socioeconómicos, con algunas diferencias en orden, corrupción, inflación, desigualdad de ingresos, e inmigración.

Estos resultados son similares a los de la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, publicada en septiembre, donde se muestra que las principales preocupaciones de los chilenos son, en orden decreciente, delincuencia, pensiones, salud, y educación. De manera similar, una encuesta realizada por la consultora internacional Ipsos mostró que el 74% de los chilenos cree que el país va por mal camino, el tema que más preocupa es el crimen y la violencia (41% de preferencias) seguido por pobreza y desigualdad (37%), y de los 27 países estudiados es donde más preocupa el control migratorio (32% de los encuestados).

Cuando se revisa la Primera Medición del Bienestar Social en Chile publicada en octubre por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se constata, sin sorpresa, que los dos deciles más pobres son los que más problemas aseguran tener en indicadores de bienestar como ingresos limitados e incapacidad para pagar deudas. Pero en muchos otros indicadores, como temor a ser víctimas de acoso callejero o delitos, presenciar delitos (por droga, balaceras, robos, etc.), síntomas de ansiedad y depresión, enfrentar problemas de medio ambiente, sus respuestas no son muy diferentes a las de los otros deciles.

En conjunto, estas encuestas revelan que pese a Chile ser el país con la mayor desigualdad de ingresos entre los 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, existe una gran superposición en las principales preocupaciones de los chilenos. Aquí es donde los proyectos de los candidatos cobran relevancia.

El programa de Boric se centra en cuatro reformas: el acceso garantizado universal a la salud, pensiones dignas sin el sistema actual manejado por administradoras privadas, un sistema educativo público, gratuito y de calidad, y la conformación de un gobierno ecologista. Es decir, en los tres primeros puntos aborda preocupaciones relevantes para todos los grupos socioeconómicos, aunque ni en el programa ni en el discurso aborda el más importante, la delincuencia. También ha mostrado confusiones y debilidades en su proyecto económico, tema que usualmente evade. De hecho, se lo ve más cómodo hablando de feminismo o medioambiente que de inflación.

El programa de Kast, por otro lado, es un mamotreto al que el propio candidato ha dado media espalda, así que es más razonable fijarse en lo que ha dicho. Durante la campaña, Kast ha destacado mucho más que Boric la lucha contra la delincuencia, mano dura contra la inmigración irregular, la importancia del crecimiento económico, e imponer orden para lograr la pacificación social. Si bien algunas de sus propuestas son extremas (como cavar zanjas en la frontera norte) o ridículas (desarrollar una “coordinación internacional antiradicales de izquierda”), aborda temas sensibles para todos los grupos socioeconómicos, con principal énfasis en la delincuencia y el orden para alcanzar el progreso.

No existe ninguna incompatibilidad ideológica entre ser de izquierda y hacerse cargo de las causas y consecuencias de la delincuencia, racionalizar la inmigración, promover el crecimiento económico y garantizar la estabilidad social necesaria en toda democracia. Estas propuestas pueden ir de la mano con reformas necesarias en pensiones, salud, educación, medioambiente, e inequidad de género. Pero, por razones complejas, parte de la izquierda chilena no se siente cómoda abordando estos temas.

¿Estará la candidatura de Boric dispuesta a abordar desde una perspectiva progresista las banderas que hoy tienen a Kast como el candidato más fuerte? Quizás, aunque ya puede ser muy tarde para evitar el triunfo del candidato reaccionario.

December 10, 2021. “President of Honduras is a former first lady. Expect to see more former first ladies running for office” The Washington Post (with Carolina Guerrero).

The original article was published at https://www.washingtonpost.com/politics/2021/12/10/hondurass-new-president-is-former-first-lady-expect-see-more-former-first-ladies-running-office/

Xiomara Castro was recently elected president of Honduras, with nearly 51 percent of the vote, ending 12 years of rule by the conservative National Party. The election of the leftist candidate of the Liberty and Refoundation (“Libre”) party garnered international attention, as Castro became the first woman elected to lead her country (and the seventh female president in Latin America).

Castro is also the former first lady of President Manuel Zelaya, and became politically active when she led the protests against the coup against her husband in 2009. Zelaya founded the Libre party in 2011, and Castro represented the party running for the presidency in 2013 and 2021, and the vice presidency in 2017.

Our research suggests Castro is part of a growing trend in presidential systems: former first ladies successfully competing for national office. As is often the case with these candidates, academics, analysts and the media have described Castro as a mere delegate of her husband. But how independent is Castro — and will she advance women’s issues in the country with the highest rate of femicides in Latin America? We’ve studied the political behavior of first ladies and the answers seem…tricky.

 

We looked at the careers of 90 former first ladies

 Our research shows first ladies can have great influence as members of the political elite. We studied the careers of the 90 Latin American former first ladies who were eligible to become candidates for congress, the presidency, or the vice presidency between 1999 and 2016. Twenty of them collectively ran 26 times for national office.

We found that analysts and the media, as well as rival politicians, commonly described these candidates as surrogates of an outgoing or former male president. Critics implied that these women lacked independence. Interestingly, former first ladies were enormously successful, winning election 73 percent of the time, while a minority had a notable political career before reaching the executive power.

In a forthcoming paper, we argue that women who had previously been elected to political office tended to use the role of first lady as a platform to enhance their careers. Therefore, they were more likely to run again for office, and to do so as soon as they left the executive branch. After analyzing the aforementioned 90 former first ladies, we found strong support for our argument: our data suggests that the predicted probability that first ladies with previous experience as elected politicians will run for office is 70 percent, and there is an 86 percent chance that they will compete for congress, the presidency or the vice presidency the first opportunity they have.

Castro had little previous political experience, however, so our research does not allow us to expect her to act with much political independence. She became a presidential candidate in 2013 when Zelaya was constitutionally forbidden from running for office. Zelaya actively participated in Castro’s campaign at the time, contributing to the image of her being a political surrogate.

In 2021, the indications are strong that presidency may herald a political dynasty of sorts. To downplay Zelaya’s protagonism, one of their children, Héctor, served as Castro’s campaign coordinator for the 2021 election. Meanwhile, Zelaya continued leading the party and is expected to become her main presidential advisor. In addition, Castro’s daughter Hortensia and Zelaya’s brother, Carlón, will support Castro as deputies. Some analysts see the family perhaps joining the tradition of ruling political families in the region, like the Ortegas, in power in Nicaragua since 2007.

 

Castro and women’s issues

To be sure, a former first lady who has not held elected office before may deploy an unexpected leadership, especially if we consider the intersectionality of her gender and ideology. For example, contrary to her husband’s presidency, Castro has a progressive agenda on women’s issues.

Catherine Reyes-Housholder has shown that a woman president won’t necessarily advance a pro-women agenda. However, Castro’s government program has a specific chapter dedicated to gender. She proposes to partially legalize abortion in a country where abortion is forbidden and wants to create shelters for women victims of domestic violence, develop projects to improve women’s economic status, and provide comprehensive care for migrant women.

These proposals are in line with Castro’s initiatives as first lady. For example, she founded the Coalition of First Ladies and Women Leaders of Latin America on Women and AIDS in 2006 to mobilize resources to care for women and people with HIV.

 

Expect to see more former first ladies on the ballot

 The election of former first ladies to national office is a growing trend in Latin America. The pool of potential candidates keeps expanding and there’s a clear trend: 15 of the 26 candidacies we studied occurred in the last six years of our sample.

Since 2016, five former first ladies have aimed for the presidency. And some have become vice presidents, including Cristina Fernández in Argentina in 2019, Margarita Cedeño — who lost reelection as vice president of the Dominican Republic in 2020 — and Rosario Murillo, reelected as vice president in Nicaragua’s nondemocratic 2021 general elections.

And it’s not just a Latin American trend. In the United States, Hillary Clinton became the first former first lady to run for the Senate (in 2001), a presidential primary (2008) and the presidency (2016). Former first lady Michelle Obama has faced pressure to run for office. In Asia, former first lady of South Korea Park Geun-Hye became president in 2013. In Africa, former first ladies have competed for the legislature in Uganda and the presidency in Ghana and South Africa.

Even if some of these candidates do not explicitly promote women’s issues, their political successes should help to balance the gender disparity in political power and, through their engagement in the public debate, encourage more women to run for office.

For now, Xiomara Castro is currently the only woman head of government in Latin America. And she has an agenda to improve women’s lives in one of the poorest countries in the world — and one with high levels of gender-based violence.

January 12, 2022. “El proceso presupuestario en la nueva Constitución.” La Tercera (with Christopher Martínez).

The original article was published at https://www.latercera.com/reconstitucion/noticia/columna-de-christopher-martinez-e-ignacio-arana-el-proceso-presupuestario-en-la-nueva-constitucion/RZ6NI2QOB5BEHGXQK4VUD2EHZE/

Algunos especialistas han discutido reformas orientadas a disminuir la influencia del presidente en el proceso legislativo en la próxima Constitución.

Algunas ideas que circulan apuntan a reducir las áreas en las que el presidente goza de iniciativa legislativa exclusiva, establecer un uso compartido entre Ejecutivo y Legislativo de las urgencias, restringir las indicaciones a los proyectos de ley por parte del presidente, y limitar la introducción de mensajes presidenciales sólo a través de la Cámara baja. Algo que ha sido poco abordado es la influencia del Ejecutivo y del Congreso en la ley de presupuestos del sector público. Esta es de fundamental importancia ya que determina cómo el Estado distribuirá sus recursos —bienes y servicios— en la sociedad. Dicha función tiene un alto impacto económico y electoral. El gasto público antes de la pandemia ya equivalía a más de un 25% del PIB, teniendo una considerable influencia en cómo los votantes perciben el desempeño del gobierno.

En su diseño actual, el proceso presupuestario le otorga facultades excesivas al presidente, y además en la práctica existe un notorio desbalance de capacidad técnica a favor del Ejecutivo por sobre la del Legislativo. El artículo 65 de la Constitución le da al presidente el control exclusivo para legislar sobre la administración financiera o presupuestaria del Estado, y sobre las políticas impositivas y de gastos. El artículo 67 designa al Ejecutivo como el actor responsable de crear el proyecto de ley de presupuestos e impide que el Congreso cambie las proyecciones de ingresos fiscales. Asimismo, la Constitución le da escasos 60 días al Congreso para aprobar el proyecto y sólo le permite reducir el presupuesto en aquellas porciones no protegidas por leyes permanentes.

De acuerdo con la literatura especializada dominante, la función de reducir gastos es contraria a los intereses de los legisladores, quienes tienen incentivos para distribuir más bienes y servicios a sus votantes y así aumentar sus chances de reelección. Sin embargo, el individualismo reelectoralista puede tener efectos nocivos, como demostró el comportamiento irresponsable de los congresistas que promovieron los retiros previsionales en 2020 y 2021 a pesar de los evidentes efectos nocivos de estas medidas regresivas para los propios ahorrantes y la economía. Precisamente, las reformas constitucionales de 1943 y 1969 –acordadas entre el Ejecutivo y los propios parlamentarios– buscaron racionalizar el gasto fiscal entregándole la iniciativa legislativa exclusiva al presidente en materias que afectaran la disciplina fiscal y el endeudamiento público.

Para mitigar el desbalance entre poderes del Estado, en Chile el Ejecutivo y el Legislativo han desarrollado instituciones informales (analizadas en Arana 2013 y 2015) que en la práctica le permiten al Congreso eludir sus limitaciones constitucionales, reasignar recursos y fiscalizar mejor al Ejecutivo. Esta práctica ha sido favorecida por el propio Ejecutivo con el fin de evitar tensiones y represalias por parte del legislativo en la discusión de otras leyes. Pero el diseño institucional es sesgado y numerosas entrevistas que uno de nosotros hizo a legisladores, exministros, y técnicos involucrados en el proceso sugieren que el Congreso tampoco cuenta con los recursos humanos y técnicos para estudiar el proyecto de presupuesto en profundidad.

Es por eso que, en su intervención frente a la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral, el ex Presidente Ricardo Lagos mencionó la importancia de dotar al Congreso de una mayor capacidad técnica para equilibrar el rol del Ejecutivo en el proceso legislativo. Lagos incluso propuso la creación de una Dirección de Presupuestos (DIPRES) para el Congreso que, por ejemplo, evalúe técnicamente los proyectos que involucren gasto fiscal. Creemos que el funcionamiento de la Oficina de Presupuestos del Congreso (CBO) de Estados Unidos puede servir como un referente técnico debido a su gran precisión y prestigio en la realización de análisis de impacto presupuestario y económico de iniciativas legales. Una agencia similar en el Congreso daría a los legisladores una base técnica para la toma de decisiones, elevando los costos reputacionales de actuar irresponsablemente.

La nueva Constitución también puede permitirle al Legislativo acompañar el diseño del presupuesto, ejercer una mayor fiscalización de los gastos, darle la capacidad para reasignar recursos e incluso aumentarlos en materias específicas, esto último con un tope prestablecido. En resumen, se puede avanzar en integrar más ambos poderes en el proceso para ganar en representatividad y rendición de cuentas horizontales, sin necesidad de quitarle la supremacía presupuestaria al Ejecutivo ni de atender a infundadas pretensiones de reemplazar nuestro sistema presidencial.

September 18, 2022. “Bukele, reelección y caudillismo” Latinoamerica21.com.

The original article was published at https://latinoamerica21.com/es/bukele-reeleccion-y-caudillismo/

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció recientemente lo que se esperaba de él hace más de un año: que irá a la reelección en 2024. Con este anuncio, el presidente más popular del continente americano se acerca al panteón de líderes latinoamericanos que eludieron las constituciones de sus países para gobernar por más tiempo y asienta las bases para sumarse a la extensa lista de caudillos que la región ha parido desde el siglo XIX.

En septiembre del año pasado, los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que él designó pocos meses antes le retribuyeron el favor autorizándolo a ser reelecto, pese a que está expresamente prohibido por los artículos 88, 152, 154, y 248 de la constitución. Los juristas argumentaron que la no reelección es “atar la voluntad popular” y “una excesiva restricción disfrazada de certeza jurídica.” En ese momento publiqué una columna afirmando que todo era una movida de Bukele para retener el poder. Los magistrados fueron escogidos por Bukele luego de que el presidente usara su mayoría en la Asamblea Legislativa para destituir a los miembros la Sala Constitucional y al fiscal general en mayo de 2021. Dada la evidente subordinación política del Poder Judicial al presidente, lo esperable es que la Corte Suprema nunca ponga límites temporales a Bukele.

El presidente entiende muy bien de tiempos. En ese momento, Bukele tuvo la delicadeza de omitir su opinión sobre la reelección, lo que le permitió identificar críticos y sopesar los desafíos a su movida. Esperó un año para anunciar su intención de postularse para el período 2024-2029. Y lo hizo con una puesta en escena estudiada, mientras celebraba la independencia del país el 15 de septiembre recién pasado. “Después de 201 años, al fin vivimos una verdadera independencia. Por primera vez tenemos libertad de verdad. Ahora sí tenemos soberanía y lo hemos demostrado,” dijo desde la residencia oficial, en cadena de radio y televisión, en una ceremonia donde también estuvieron las cabezas de los otros poderes del Estado.

De no haber una crisis mediante, Bukele sería reelecto hasta tocando el ukelele. Desde que asumió como presidente en junio de 2019, su popularidad nunca ha bajado de 75% y suele estar sobre el 85%: en julio una encuesta Gallup reveló una aprobación de 86%, el mismo porcentaje que un sondeo del diario La Prensa Gráfica le otorgó un mes antes.

Además de despejar límites temporales a su mandato, Bukele lidera un gobierno que solo en formas es democrático. Si bien se celebran elecciones, el presidente controla los tres poderes del Estado y ha politizado a los militares y la policía. La fachada democrática probablemente no se caiga mientras Bukele se mantenga popular.

Actualmente, el gobierno se encuentra en una lucha sanguinaria contra las pandillas. A fines de mes el país cumplirá seis meses en régimen de excepción, lo que ha permitido encarcelar a más de 50.000 personas sin orden de detención y bajo el criterio arbitrario de policías y militares. Se estima que más de 70 de estos detenidos ya murieron sin haber enfrentado a la justicia.

Tradición regional

Bukele presume de novedad: es joven, tuitero, y legalizó las criptomonedas como medio de pago. Pero es también parte de una larga tradición latinoamericana conocida como continuismo, en donde el presidente de turno busca cambiar, eludir, o reinterpretar la constitución para retener el poder. Según mis datos, recolectados tanto de biografías presidenciales como de constituciones, entre 1945 y 2021, 36 presidentes de todos los países latinoamericanos (excepto México) y bajo todos los regímenes políticos —democracias, semidemocracias, y dictaduras— intentaron extender su mandato en 48 ocasiones. Tuvieron éxito en 35 oportunidades.

Históricamente, al continuismo no le ha ido bien en El Salvador. El último que se reeligió fue el dictador Maximiliano Hernández Martínez, quien fue inducido a renunciar por un levantamiento militar y civil en 1944, mientras que a Salvador Castañeda lo sacaron con un golpe militar en 1948 cuando trató de extender su mandato.

Aun cuando muchos presidentes que extienden su mandato terminan mal, prófugos de la justicia como el ecuatoriano Rafael Correa, en la cárcel como el peruano Alberto Fujimori, o renunciando forzadamente como el boliviano Evo Morales, los que logran gobernar varios años tienden a dejar una huella muy fuerte en sus países.

Muchos se transforman en caudillos. Este concepto se usó inicialmente para describir a los líderes autoritarios de gran poder político y militar que gobernaron o se opusieron a los gobiernos tras las independencias en la región. Pero los “hombres fuertes” nunca han dejado de existir en América Latina —es cosa de ver a los actuales dictadores Ortega en Nicaragua y Maduro en Venezuela—, siempre a costa de sabotear el progreso de sus países.

Frecuentemente, estos caudillos lideran quiebres democráticos. Eso es lo que ocurrió en Argentina, Honduras, Perú, y Venezuela, cuando pasaron de ser semidemocracias a dictaduras bajo Juan Domingo Perón, Tiburcio Carías Andino, Alberto Fujimori, y Hugo Chávez, respectivamente. Esa es, precisamente, la dirección en la que está llevando su país el presidente Bukele.

¿Cuál es el perfil de estos líderes? En un estudio que pronto publicaré en la revista Journal of Politics,  muestro que los presidentes con una personalidad más dominante y con poca experiencia política son más propensos a tratar de retener el poder más allá de lo que dice la constitución. En un estudio precedente, examiné la potencial relación causal entre los cinco grandes factores de la personalidad —apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversión, amabilidad, y neuroticismo— de los presidentes y sus intentos de continuismo. Encontré que los líderes que tienden a ser más abiertos a la experiencia, más neuróticos y menos responsables son más propensos a tratar de retener la jefatura de gobierno. Asimismo, los presidentes están más inclinados a tratar de extender sus mandatos cuando tienen fuertes poderes legislativos, lideran nuevos partidos, la reelección inmediata está prohibida y las altas cortes no son completamente independientes. Casi todas estas variables contextuales han estado presentes en el caso de Bukele, facilitándole el camino para atornillarse en el poder.

The Personalities of Presidents as Independent Variables.

[11]  2020. “The Personalities of Presidents as Independent Variables.” Political Psychology. PDF.

 

The debate about the relative importance of the personality traits of presidents has a long history. Until the mid‐1970s, scholars of the presidency extensively focused on the uniqueness of the individuals that held office. However, the difficulty in capturing presidential personalities and measuring their impact on executive politics led to a significant quantitative shift that focused more on the institutions within which presidents operate. This change produced a long‐lasting divide between researchers interested in the “institutional” presidency and those focused on the “personal” presidency. I propose to integrate both approaches by incorporating insights from differential psychology to treat the personality traits of presidents as independent variables. In support of the argument, I use data from an expert survey that captured psychometric traits of presidents who governed the Western Hemisphere in 1945–2012 to reassess an influential study about Latin American presidents. The results show that adding openness to experience leads to a deeper understanding of presidential approval. I conclude by arguing that measuring the personality traits of all sorts of leaders is necessary to modernize the study of elites.

Judicial Reshuffles and Women Justices in Latin America

Judicial Reshuffles and Women Justices in Latin America.” American Journal of Political Science (with Aníbal Pérez-Liñán and Melanie Hughes). PDF

 

Can weak judicial institutions facilitate the advancement of women to the high courts? We explore the relationship between weak institutions and gender diversification by analyzing the consequences of judicial reshuffles in Latin America. Our theory predicts that institutional disruptions will facilitate the appointment of women justices, but only when left parties control the nomination process. We test this argument using difference‐in‐differences and dynamic panel models for 18 Latin American countries between 1961 and 2014. The analysis offers support for our hypothesis, but gains in gender diversification are modest in size and hard to sustain over time. Political reshuffles may produce short‐term advances for women in the judiciary, but they do not represent a path to substantive progress in gender equality.

Strategic Retirement in Comparative Perspective.

2017. “Strategic Retirement in Comparative Perspective.” (with Aníbal Pérez-Liñán) Journal of Law and Courts 5 (2): 173-197. PDF.

Students of judicial behavior debate whether justices time their retirement to allow for the nomination of like-minded judges. We formalize the assumptions of strategic retirement theory and derive precise hypotheses about the conditions that moderate the effect of partisan incentives on judicial retirements. The empirical implications are tested with evidence for Supreme Court members under democracies and dictatorships in six presidential regimes between 1900 and 2004. The theory of strategic retirement finds limited support in the United States and elsewhere. We conclude that researchers should emphasize “sincere” motivations for retirement, progressive political ambitions, and—crucial in weakly institutionalized legal systems—political pressures.

Chile 2016: The nadir of democratic legitimacy?

2017. “Chile 2016: The nadir of democratic legitimacy?” [In Spanish]  Revista de Ciencia Política 37 (2): 305-334. PDF.

This article argues that the legitimacy of the political system is currently at its lowest point since the return to democracy. Presidential approval ratings dipped to a record low in 2016. The year also saw the highest levels of electoral absenteeism and distrust in the three branches of government, and the lowest levels of identification with political parties. This low legitimacy of the political system can be attributed to cyclical —governmental mismanagement and corruption scandals— and underlying causes —interpersonal mistrust, detachment from the political activity and insulated elites—. If these trends continue, we may witness a transformation of the party system, the emergence of populist movements and leaders, and the erosion of the quality of Chilean democracy.

What Drives Evo’s Attempts to Remain in Power? A Psychological Explanation

2017. “What Drives Evo’s Attempts to Remain in Power? A Psychological Explanation.” Bolivian Studies Journal 22: 191-219. PDF.

The current Bolivian President, Evo Morales, has managed to govern longer than all of his predecessors thanks to his three successful attempts to relax his term limits. In this article I argue that the high risk-taking personality of Morales, especially his social risk-taking, helps to explain why he has consistently tried to extend his time in office. To address this proposition I follow a twofold strategy. First, I show the results of a survey conducted among experts in presidents of the Americas. This survey measured different personality traits of the leaders that governed between 1945 and 2012, including their risk-taking. Second, I examine some of the most important decisions that Morales has made throughout his adult life. Both the survey and the analysis of Morales’ trajectory suggest that his attempts to cling to power are rooted in his risk-taking.

How to Assess the Members of the Political Elite? A Proposal Based on Presidents of the Americas

2016. “How to Assess the Members of the Political Elite? A Proposal Based on Presidents of the Americas.” [In Spanish] Política 54 (1): 219-254. PDF.

This article critically reviews the study of the political elite, including the historical evolution of its meaning, role, composition, independence and ways of analysing its members. It argues that to effectively study elite  members  their  individual  differences  should  be  examined.  This  paper looks at individual differences among presidents, those at highest levels of the political elite in presidential systems. It finds that as a group, presidents of the Western Hemisphere come from moderately affluent socioeconomic  backgrounds,  at  least  one  third  are  either  lawyers  or  come  from  the  security  forces,  and  that  they  tend  to  score  low  on  agreeableness  and  neuroticism,  moderately  high  in  extroversion  and  openness  to  experience,  and  high  in  conscientiousness.  This  exercise  suggests a research agenda that may be extended to other members of the elite.