The original article was published at https://latinoamerica21.com/en/why-do-7-states-decide-the-us-presidency/

Como existe consenso sobre cuál será la opción ganadora en 43 de los 50 estados en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, se estima que las campañas destinarán sólo el 24% de sus recursos donde vive ese 82% de la población. El restante 76% se destinará a conquistar el voto en siete estados: Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Eso explica por qué la candidata demócrata Kamala Harris y el aspirante republicano Donald Trump se la pasan en esos estados, en una elección donde también se escogerá a 13 gobernadores y se renovará la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

Estados Unidos es la única democracia presidencial donde los votantes no escogen directamente a quien ocupará el sillón presidencial, sino que lo hace un Colegio Electoral conformado por 538 electores que representan a los estados. El número de electores de cada estado equivale a su presencia legislativa. Es decir, es la suma de los representantes en la cámara baja (435 en total), más los dos senadores por estado (100 en total) y los tres electores que tiene el distrito de Columbia, donde se asienta la capital, Washington. El candidato que alcanza los 270 electores, gana. Los 43 estados cuyo resultado ya se anticipa le dan 225 electores a Harris y 219 a Trump.

El Colegio Electoral distorsiona la voluntad popular en dos instancias. Primero, sobrerrepresenta a los estados más chicos porque todos los estados tienen dos senadores. Los extremos son ilustrativos. California es el estado más poblado y escoge 54 electores, mientras que Wyoming es el estado menos poblado y escoge 3 electores. Que California tenga 67 veces más población que Wyoming (39.128.000 versus 584.000) pero solo 18 veces más electores significa que un voto en Wyoming puede pesar más de 3.7 veces que en California (asumiendo igual proporción de votantes en ambos estados). La segunda distorsión ocurre porque en 48 estados basta que un candidato se lleve la mayoría de los votos para ganar todos los electores (las excepciones son Maine y Nebraska).

El sistema es nocivo. Primero, porque puede ganar el candidato con menos votos, como ocurrió en 1824, 1876, 1888, 2000 y 2016. En 2024, se espera que Harris gane el voto nacional, tal como sus predecesores demócratas Joe Biden en 2020 y Hillary Clinton en 2016. Segundo, porque el sistema desnaturaliza la competencia democrática al afectar tanto el comportamiento de los votantes (¿para qué votar si sé quién ganará en mi estado?) como el de los candidatos (¿para qué prestar atención a estados donde sé que voy a ganar o perder?).

El uso de colegios electorales es anacrónico. Predominó en los presidencialismos latinoamericanos de principios del siglo XIX, pero fue eliminado en distintos tiempos, siendo Argentina el último país en derogarlos en la reforma constitucional de 1994. Lamentablemente, en Estados Unidos el sistema está más amarrado que lápiz de banco ya que lo consagra la constitución. Y cambiar la carta magna es muy difícil: la única modalidad usada hasta ahora requiere la aprobación por parte de dos tercios de ambas cámaras del congreso y luego la ratificación por parte de tres cuartos (38) de las legislaturas (o convenciones) de los 50 estados. Como el colegio electoral sobrerrepresenta a 20 estados, es ilógico esperar que esos estados apoyen derogar un sistema que los premia.

De vuelta a los 7 Estados

Harris y Trump necesitan ganar en al menos tres de los siete estados, donde la diferencia entre ambos contendientes es menor a 2% en las encuestas. Harris necesita 45 electores y Trump 51. En disputa hay 93 electores repartidos, en orden descendente, en Pensilvania (19), Georgia (16), Carolina del Norte (16), Michigan (15), Arizona (11), Wisconsin (10) y Nevada (6). Varias organizaciones han desarrollado modelos predictivos que usan como insumo principalmente las encuestas. Pero por muy bien diseñadas que estén, las encuestas tienen un margen de error que limita su capacidad predictiva en elecciones tan competitivas como la actual. Siempre existirá un margen de error, ya sea por error de muestreo, el tiempo en que se hace el estudio, sesgos en quienes responden (los más jóvenes tienden a contestar menos a números desconocidos) y la manera en que se pregunta.

Los siete estados no son igualmente atractivos. La campaña en Pensilvania es muy activa porque es el estado con más electores y en las últimas dos elecciones cambió de manos (Trump ganó el 2016 y perdió el 2020). Además, puede reducir el número de estados que deben ser volteados. Por ejemplo, si Trump voltea a Pensilvania y retiene los estados donde ganó en 2020, le basta con voltear a Georgia para ganar. En cualquier otro escenario, Trump necesitaría retener los estados de 2020 y dar vuelta al menos a tres estados.

Asimismo, los estados están en tres zonas geográficas que comparten similitudes demográficas, económicas, y culturales que pueden llevarlos a moverse en bloque. El premio mayor está en el noreste del país, donde Pensilvania, Wisconsin y Michigan suman 44 electores. Estos estados antes eran parte de la “muralla azul” demócrata, hasta que Trump los volteó en 2016 y Biden los recuperó en 2020. Son tres estados de fuerte pasado industrial y amplia clase trabajadora blanca, donde hay una sólida división entre las urbes demócratas y las zonas rurales republicanas. El declive industrial ha fortalecido una economía de servicios, mientras que demográficamente el segmento de votantes blancos sin título universitario ha caído, si bien siguen siendo mayoría. Por ejemplo, en Pensilvania este grupo pasó de ser el 63% de los votantes en 2008 al actual 51%.

Carolina del Norte y Georgia suman 32 electores, y además de contiguos y costeros son parte del corazón del sur del país. Ambos tienen una fuerte raigambre económica y cultural agrícola. Aunque el sur tiende a ser conservador y ambos estados solían serlo, la creciente urbanización, diversificación étnica, y cambios culturales han aumentado las fuerzas progresistas. La transformación demográfica de los suburbios, por ejemplo, ha mermado su inclinación conservadora en ambos estados.

Arizona y Nevada, con 17 electores, son estados contiguos del oeste y suroeste de EE.UU. Aunque antes eran bastiones republicanos, su latinización en los últimos años les ha puesto más salsa, cumbia y reguetón a los demócratas. En 2008, Arizona y Nevada tenían un 19.1% y 13.3% de votantes latinos, respectivamente, y ahora esos porcentajes son 28.7% y 19.8%.

En términos predictivos, a menos de un mes de la elección el prestigioso sitio de internet 538 da ganadora a Harris en 53% de sus simulaciones y a Trump en 47%. Sin embargo, la carrera es tan reñida que lo que pase en los siguientes días pueden inclinar la balanza en los estados clave, y por lo tanto el resultado final.

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Este domingo la ex primera dama de Guatemala, Sandra Torres, podría profundizar el éxito electoral de las ex primeras damas en América Latina si se convierte en la segunda presidenta activa, luego de que la también ex primera dama Xiomara Castro asumiera la presidencia de Honduras en 2022.

Torres representa al partido conservador Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y corre en desventaja contra el diputado Bernardo Arévalo, un ex canciller y ex embajador en España que fundó el partido progresista Movimiento Semilla tras las protestas sociales que sacudieron al país en 2015.

La propuesta social de Torres es conservadora: se opone al aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo y promueve visiones cercanas a los evangélicos.Torres también ha prometido mejorar la seguridad pública apoyándose en ideas similares a las del Presidente salvadoreño Nayib Bukele, combatir la corrupción, promover el turismo, eliminar el IVA, entregar bonos mensuales a madres de familia y entregar ayuda económica y alimentos a los más pobres.

La segunda vuelta electoral ocurrirá en medio de una crisis institucional desatada por la decisión de la Fiscalía de suspender la personería jurídica del partido Semilla de Arévalo. La Fiscalía acusó al partido de fraude por usar más de 5.000 firmas falsas para registrar a la colectividad, pero la decisión fue revertida por la Corte de Constitucionalidad. “Es una situación preocupante en cuanto proceso electoral y en cuanto al funcionamiento de las instituciones de un Estado democrático” dijo recientemente el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, al presentar el informe sobre la primera vuelta electoral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también destacó “su preocupación por injerencias en el proceso electoral en Guatemala, en un contexto de falta de independencia del Ministerio Público y su fiscal general”.

Esta es la cuarta vez que Sandra Torres intenta convertirse en presidenta. En 2011 se divorció del Presidente Álvaro Colom “para casarme con el pueblo” a través de su candidatura, la que finalmente no prosperó debido a que la Corte Constitucional de Guatemala dictaminó que violaba  el artículo 186 de la Constitución. Torres no cejó, y en 2015 corrió como la candidata presidencial de UNE, el mismo partido que llevó a Colom a la presidencia, y terminó perdiendo en segunda vuelta ante el comediante Jimmy Morales. Torres lo intentó de nuevo en las elecciones de 2019, cuando también perdió en segunda vuelta ante el actual presidente, Alejandro Giammattei.

Ex primeras damas en el Ejecutivo

Desde 1990 ex primeras damas han intentado ser once veces presidentas y lo han logrado en tres oportunidades (Cristina Fernández en Argentina en 2007 y reelecta en 2011 y Xiomara Castro en Honduras electa en 2022). En el intento quedaron las candidaturas de Sandra Torres y Patricia Escobar en 2011 en Guatemala, Xiomara Castro en Honduras en 2013, Marta Linares en Panamá en 2014 y Keiko Fujimori en Perú en 2011, 2016 y 2021. Además, ocho veces ex primeras damas han sido candidatas a la vicepresidencia y han ganado en cinco oportunidades (Margarita Cedeño de Fernández en República Dominicana en 2012 y 2020; Cristina Fernández en Argentina desde 2019 y Rosario Murillo en Nicaragua en 2016 y reelegida en 2021).

Además de los casos descritos, en los últimos años hubo dos ex primeras damas que fueron precandidatas presidenciales, pero no llegaron a la elección:  Margarita Zavala renunció antes de la elección presidencial en 2018 en México, mientras que Cristiana Chamorro no pudo competir en 2021 en Nicaragua porque fue arrestada por orden del gobierno.

Las candidaturas de ex primeras damas a puestos de elección nacional son una tendencia creciente en América Latina. Entre 1999 y 2016, ellas se presentaron 26 veces como candidatas a la presidencia, vicepresidencia, o el Congreso, resultando electas en 19 ocasiones (Guerrero Valencia y Arana Araya, 2018). En la publicación When Do First Ladies Run for Office? Lessons from Latin America, mostramos que la probabilidad predicha de que las primeras damas con experiencia previa como políticas electas se presenten a las elecciones es del 70%, y que hay un 86% de posibilidades de que ellas compitan por llegar al congreso, la presidencia o la vicepresidencia en la primera oportunidad que tengan tras dejar el Poder Ejecutivo.

La tendencia al alza de las candidaturas es clara: 15 de las 26 candidaturas que estudiamos se produjeron entre 2010 y 2016. Desde 2016, ya son cinco las ex primeras damas que han competido por la presidencia. ¿Por qué tantas primeras damas luego se lanzan como candidatas?

Existen tres razones que hacen que sean candidatas únicas. Primero, gozan de amplio reconocimiento público y cobertura mediática, lo que les permite darse a conocer, influenciar la agenda pública y posicionarse en temas relevantes. Segundo, las primeras damas disfrutan de numerosos privilegios debido a su acceso al ápice del Poder Ejecutivo. La posición les permite desarrollar conexiones personales con la élite política y así aumentar su propio capital político. Tercero, la imagen pública de las primeras damas está inevitablemente conectada al político más poderoso del país. Esto conlleva asociaciones tanto positivas como negativas, pero ineludiblemente la imagen presidencial se les transfiere parcialmente a ellas. Esta semana Torres tendrá por tercera vez la oportunidad de por fin dejar atrás la sombra de su ex marido.

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Recientemente la ex primera dama Sandra Torres intentó, por tercera vez, sumarse a la también ex primera dama Xiomara Castro para transformarse en la segunda presidenta en ejercicio en América Latina en las controvertidas elecciones en Guatemala. El domingo 24 de septiembre, la ex primera dama Marta Linares de Martinelli confirmó que irá como candidata a vicepresidenta en las elecciones en Panamá en mayo de 2024 acompañando a su marido en la fórmula presidencial. Torres, Linares y Castro, quien gobierna Honduras desde 2022, se transformaron en políticas exitosas tras ejercer la función de primera dama. La relación no es casualidad: el puesto ha servido de manera creciente como trampolín para muchas políticas exitosas en América Latina.

La politización de las primeras damas las ha consolidado como miembros de la élite política (Guerrero Valencia y Arana Araya, 2019). Entre 1999 y 2016, ex primeras damas se presentaron 26 veces como candidatas a la presidencia, vicepresidencia, o el Congreso, resultando electas en 19 ocasiones (Guerrero Valencia y Arana Araya, 2018). Entre 1999 y 2023, nueve ex primeras damas se han presentado 19 veces como candidatas al Poder Ejecutivo. Este fenómeno ha aumentado significativamente desde 2010 principalmente en América Central, que concentra el 68,4 % de las candidaturas donde se han presentado un total de 13 de candidaturas al Poder Ejecutivo (seis a la presidencia y siete a la vicepresidencia) resultando electas en cinco ocasiones (una presidencia y cuatro vicepresidencias).

Estas candidaturas no dejan de ser controversiales por motivos vinculados principalmente a la eminente creación de dinastías políticas en democracias y a los límites legales electorales en algunos países. Tres casos llegaron a la Corte Constitucional de sus países: Raquel Blandón en 1989 y Sandra Torres en 2011, ambas en Guatemala, y Marta Martinelli en 2014 en Panamá. “Me divorcio del Presidente (Álvaro Colom) para casarme con el pueblo” dijo en 2011 Sandra Torres, con el fin de lanzar su primera candidatura presidencial. Sin embargo, la Corte Constitucional de Guatemala dictaminó que el inciso C del artículo 186 de la Constitución impedía su candidatura, al estar prohibida a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad mientras el presidente mientras permanece en funciones (Fernández, 2011).

Ex primeras damas al Poder Ejecutivo

Como muestra la Tabla 1, desde 1990 hasta ahora nueve ex primeras damas se han lanzado 19 veces como candidatas a la presidencia o vicepresidencia en América Latina, y han ganado en ocho oportunidades. Antes de Castro, Cristina Fernández fue la primera ex primera dama en llegar a la presidencia por la vía electoral (dos veces), y desde 2019 es la vicepresidenta de Argentina. Rosario Murillo ejerce como vicepresidenta de Nicaragua desde 2016 (reelegida en 2021), mientras que Margarita Cedeño ejerció como vicepresidenta en dos períodos, entre 2012 y 2020.

Tabla 1. Candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de ex primeras damas (1990-2023)

Fuente: Elaboración propia.

Además de los casos mostrados en la tabla, en los últimos años hubo dos ex primeras damas que fueron precandidatas presidenciales, pero no llegaron a la elección: Margarita Zavala renunció antes de la elección presidencial en 2018 en México, mientras que Cristiana Chamorro no pudo competir en 2021 en Nicaragua porque fue arrestada por orden del gobierno. Además, está el caso de la ex Presidenta de Panamá entre 1999 y 2004, Mireya Moscoso, quien fue primera dama solo 11 días en 1968.

En el grupo de candidatas hay algunas que tenían una carrera política antes de ser primeras damas, como Cristina Fernández, Rosario Murillo, y Sandra Torres. Otras, a pesar de su inexperiencia inicial, con el tiempo se transformaron en políticas profesionales. Por ejemplo, Keiko Fujimori fue electa congresista (2006-2011) en Perú tras reemplazar como primera dama a su madre entre 1994 y 2000. Posteriormente, ella se ha presentado tres veces a la presidencia (2011, 2016 y 2021), siendo derrotada en todas las incursiones por un estrecho margen en la segunda vuelta electoral.

En Arana Araya y Guerrero Valencia (2022), mostramos que la probabilidad predicha de que las primeras damas con experiencia previa como políticas electas se presenten a las elecciones es del 70%, y que hay un 86% de posibilidades de que ellas compitan por llegar al Congreso, la presidencia o la vicepresidencia en la primera oportunidad que tengan tras dejar el Poder Ejecutivo.

La tendencia al alza de las candidaturas es clara: 15 de las 26 candidaturas que ocurrieron entre 1990 y 2016 se produjeron en los últimos seis años de la muestra. Desde 2016, ya son cinco las ex primeras damas que han competido por la presidencia.

La tendencia no es solo latinoamericana. En Estados Unidos, Hillary Clinton se convirtió en la primera ex primera dama en ser candidata al Senado (en 2001), a primarias presidenciales (2008), y a la presidencia (2016). La ex primera dama Michelle Obama luego resistió la presión para ser candidata. En Asia, la ex primera dama de Corea del Sur Park Geun-hye se convirtió en presidenta en 2013. En África, ex primeras damas han competido por la legislatura en Uganda y la presidencia en Ghana y Sudáfrica.

¿Por qué tantas primeras damas luego se lanzan como candidatas?

Como argumentamos en Arana Araya y Guerrero Valencia (2022), existen tres razones que hacen que sean candidatas únicas. Primero, ellas gozan de amplio reconocimiento público y cobertura mediática, lo que les permite darse a conocer, influenciar la agenda pública, y posicionarse en temas relevantes. Eso explica por qué muchas veces las primeras damas son vistas como ejemplos a seguir como mujeres, activistas o madres. Y cuando se involucran en políticas públicas, suelen ser en asuntos no controversiales que les dan popularidad, como promover una vida sana o inaugurar jardines infantiles.

Segundo, las primeras damas disfrutan de numerosos privilegios debido a su acceso al ápex del Poder Ejecutivo. La posición les permite desarrollar conexiones personales con las élites y así aumentar su propio capital político. Tercero, la imagen pública de las primeras damas está inevitablemente conectada al político más poderoso del país. Esto conlleva asociaciones tanto positivas como negativas, pero ineludiblemente la imagen presidencial se les transfiere parcialmente a ellas.

Creemos que la elección de ex primeras damas promueve la representación política de mujeres ya que ellas ayudan a compensar la disparidad de género que existe en puestos de poder. Ellas también ayudan a atraer a otras mujeres a puestos de elección popular y normalizan su participación en la arena pública. Sin embargo, la elección de ex primeras damas también refuerza las relaciones dinásticas en la élite política. Cuando se agregan ex primeras damas a la lista de familiares políticos en posiciones de poder en América Latina se refuerza también a las familias que ya se concentran en la cúspide, restringiendo la competitividad de los sistemas políticos regionales (Arana Araya, 2016).

Bibliografía 
Arana Araya, I. (2016). Democracia y matrimonios presidenciales Poca competencia y rotación en la élite política. Nueva Sociedad.
Arana Araya, I., & Guerrero Valencia, C. (2022). When Do First Ladies Run for Office? Lessons from Latin America. Latin American Politics and Society, 64(3), 93-116.
Fernández, D. (2011). Sandra Torres quiere casarse con Guatemala. Foreign Affairs Latinoamérica, 11(3), 2-11.
Guerrero Valencia, C., & Arana Araya, I. (2018). Mucho más que acompañantes: La irrupción electoral de las primeras damas latinoamericanas, 1990-2016. En J. Suárez-Cao & L. Miranda Leibe, La política siempre ha sido cosa de mujeres: Elecciones y protagonistas en Chile y la región. Flacso Chile.
Guerrero Valencia, C., & Arana Araya, I. (2019). Las primeras damas como miembros de la elite política. América Latina Hoy, 81, 31-49.

The original article was published at https://latinoamerica21.com/es/bukele-reeleccion-y-caudillismo/

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció recientemente lo que se esperaba de él hace más de un año: que irá a la reelección en 2024. Con este anuncio, el presidente más popular del continente americano se acerca al panteón de líderes latinoamericanos que eludieron las constituciones de sus países para gobernar por más tiempo y asienta las bases para sumarse a la extensa lista de caudillos que la región ha parido desde el siglo XIX.

En septiembre del año pasado, los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que él designó pocos meses antes le retribuyeron el favor autorizándolo a ser reelecto, pese a que está expresamente prohibido por los artículos 88, 152, 154, y 248 de la constitución. Los juristas argumentaron que la no reelección es “atar la voluntad popular” y “una excesiva restricción disfrazada de certeza jurídica.” En ese momento publiqué una columna afirmando que todo era una movida de Bukele para retener el poder. Los magistrados fueron escogidos por Bukele luego de que el presidente usara su mayoría en la Asamblea Legislativa para destituir a los miembros la Sala Constitucional y al fiscal general en mayo de 2021. Dada la evidente subordinación política del Poder Judicial al presidente, lo esperable es que la Corte Suprema nunca ponga límites temporales a Bukele.

El presidente entiende muy bien de tiempos. En ese momento, Bukele tuvo la delicadeza de omitir su opinión sobre la reelección, lo que le permitió identificar críticos y sopesar los desafíos a su movida. Esperó un año para anunciar su intención de postularse para el período 2024-2029. Y lo hizo con una puesta en escena estudiada, mientras celebraba la independencia del país el 15 de septiembre recién pasado. “Después de 201 años, al fin vivimos una verdadera independencia. Por primera vez tenemos libertad de verdad. Ahora sí tenemos soberanía y lo hemos demostrado,” dijo desde la residencia oficial, en cadena de radio y televisión, en una ceremonia donde también estuvieron las cabezas de los otros poderes del Estado.

De no haber una crisis mediante, Bukele sería reelecto hasta tocando el ukelele. Desde que asumió como presidente en junio de 2019, su popularidad nunca ha bajado de 75% y suele estar sobre el 85%: en julio una encuesta Gallup reveló una aprobación de 86%, el mismo porcentaje que un sondeo del diario La Prensa Gráfica le otorgó un mes antes.

Además de despejar límites temporales a su mandato, Bukele lidera un gobierno que solo en formas es democrático. Si bien se celebran elecciones, el presidente controla los tres poderes del Estado y ha politizado a los militares y la policía. La fachada democrática probablemente no se caiga mientras Bukele se mantenga popular.

Actualmente, el gobierno se encuentra en una lucha sanguinaria contra las pandillas. A fines de mes el país cumplirá seis meses en régimen de excepción, lo que ha permitido encarcelar a más de 50.000 personas sin orden de detención y bajo el criterio arbitrario de policías y militares. Se estima que más de 70 de estos detenidos ya murieron sin haber enfrentado a la justicia.

Tradición regional

Bukele presume de novedad: es joven, tuitero, y legalizó las criptomonedas como medio de pago. Pero es también parte de una larga tradición latinoamericana conocida como continuismo, en donde el presidente de turno busca cambiar, eludir, o reinterpretar la constitución para retener el poder. Según mis datos, recolectados tanto de biografías presidenciales como de constituciones, entre 1945 y 2021, 36 presidentes de todos los países latinoamericanos (excepto México) y bajo todos los regímenes políticos —democracias, semidemocracias, y dictaduras— intentaron extender su mandato en 48 ocasiones. Tuvieron éxito en 35 oportunidades.

Históricamente, al continuismo no le ha ido bien en El Salvador. El último que se reeligió fue el dictador Maximiliano Hernández Martínez, quien fue inducido a renunciar por un levantamiento militar y civil en 1944, mientras que a Salvador Castañeda lo sacaron con un golpe militar en 1948 cuando trató de extender su mandato.

Aun cuando muchos presidentes que extienden su mandato terminan mal, prófugos de la justicia como el ecuatoriano Rafael Correa, en la cárcel como el peruano Alberto Fujimori, o renunciando forzadamente como el boliviano Evo Morales, los que logran gobernar varios años tienden a dejar una huella muy fuerte en sus países.

Muchos se transforman en caudillos. Este concepto se usó inicialmente para describir a los líderes autoritarios de gran poder político y militar que gobernaron o se opusieron a los gobiernos tras las independencias en la región. Pero los “hombres fuertes” nunca han dejado de existir en América Latina —es cosa de ver a los actuales dictadores Ortega en Nicaragua y Maduro en Venezuela—, siempre a costa de sabotear el progreso de sus países.

Frecuentemente, estos caudillos lideran quiebres democráticos. Eso es lo que ocurrió en Argentina, Honduras, Perú, y Venezuela, cuando pasaron de ser semidemocracias a dictaduras bajo Juan Domingo Perón, Tiburcio Carías Andino, Alberto Fujimori, y Hugo Chávez, respectivamente. Esa es, precisamente, la dirección en la que está llevando su país el presidente Bukele.

¿Cuál es el perfil de estos líderes? En un estudio que pronto publicaré en la revista Journal of Politics,  muestro que los presidentes con una personalidad más dominante y con poca experiencia política son más propensos a tratar de retener el poder más allá de lo que dice la constitución. En un estudio precedente, examiné la potencial relación causal entre los cinco grandes factores de la personalidad —apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversión, amabilidad, y neuroticismo— de los presidentes y sus intentos de continuismo. Encontré que los líderes que tienden a ser más abiertos a la experiencia, más neuróticos y menos responsables son más propensos a tratar de retener la jefatura de gobierno. Asimismo, los presidentes están más inclinados a tratar de extender sus mandatos cuando tienen fuertes poderes legislativos, lideran nuevos partidos, la reelección inmediata está prohibida y las altas cortes no son completamente independientes. Casi todas estas variables contextuales han estado presentes en el caso de Bukele, facilitándole el camino para atornillarse en el poder.

The original article was published at https://www.washingtonpost.com/politics/2021/12/10/hondurass-new-president-is-former-first-lady-expect-see-more-former-first-ladies-running-office/

Xiomara Castro was recently elected president of Honduras, with nearly 51 percent of the vote, ending 12 years of rule by the conservative National Party. The election of the leftist candidate of the Liberty and Refoundation (“Libre”) party garnered international attention, as Castro became the first woman elected to lead her country (and the seventh female president in Latin America).

Castro is also the former first lady of President Manuel Zelaya, and became politically active when she led the protests against the coup against her husband in 2009. Zelaya founded the Libre party in 2011, and Castro represented the party running for the presidency in 2013 and 2021, and the vice presidency in 2017.

Our research suggests Castro is part of a growing trend in presidential systems: former first ladies successfully competing for national office. As is often the case with these candidates, academics, analysts and the media have described Castro as a mere delegate of her husband. But how independent is Castro — and will she advance women’s issues in the country with the highest rate of femicides in Latin America? We’ve studied the political behavior of first ladies and the answers seem…tricky.

We looked at the careers of 90 former first ladies

 Our research shows first ladies can have great influence as members of the political elite. We studied the careers of the 90 Latin American former first ladies who were eligible to become candidates for congress, the presidency, or the vice presidency between 1999 and 2016. Twenty of them collectively ran 26 times for national office.

We found that analysts and the media, as well as rival politicians, commonly described these candidates as surrogates of an outgoing or former male president. Critics implied that these women lacked independence. Interestingly, former first ladies were enormously successful, winning election 73 percent of the time, while a minority had a notable political career before reaching the executive power.

In a forthcoming paper, we argue that women who had previously been elected to political office tended to use the role of first lady as a platform to enhance their careers. Therefore, they were more likely to run again for office, and to do so as soon as they left the executive branch. After analyzing the aforementioned 90 former first ladies, we found strong support for our argument: our data suggests that the predicted probability that first ladies with previous experience as elected politicians will run for office is 70 percent, and there is an 86 percent chance that they will compete for congress, the presidency or the vice presidency the first opportunity they have.

Castro had little previous political experience, however, so our research does not allow us to expect her to act with much political independence. She became a presidential candidate in 2013 when Zelaya was constitutionally forbidden from running for office. Zelaya actively participated in Castro’s campaign at the time, contributing to the image of her being a political surrogate.

In 2021, the indications are strong that presidency may herald a political dynasty of sorts. To downplay Zelaya’s protagonism, one of their children, Héctor, served as Castro’s campaign coordinator for the 2021 election. Meanwhile, Zelaya continued leading the party and is expected to become her main presidential advisor. In addition, Castro’s daughter Hortensia and Zelaya’s brother, Carlón, will support Castro as deputies. Some analysts see the family perhaps joining the tradition of ruling political families in the region, like the Ortegas, in power in Nicaragua since 2007.

Castro and women’s issues

To be sure, a former first lady who has not held elected office before may deploy an unexpected leadership, especially if we consider the intersectionality of her gender and ideology. For example, contrary to her husband’s presidency, Castro has a progressive agenda on women’s issues.

Catherine Reyes-Housholder has shown that a woman president won’t necessarily advance a pro-women agenda. However, Castro’s government program has a specific chapter dedicated to gender. She proposes to partially legalize abortion in a country where abortion is forbidden and wants to create shelters for women victims of domestic violence, develop projects to improve women’s economic status, and provide comprehensive care for migrant women.

These proposals are in line with Castro’s initiatives as first lady. For example, she founded the Coalition of First Ladies and Women Leaders of Latin America on Women and AIDS in 2006 to mobilize resources to care for women and people with HIV.

Expect to see more former first ladies on the ballot

 The election of former first ladies to national office is a growing trend in Latin America. The pool of potential candidates keeps expanding and there’s a clear trend: 15 of the 26 candidacies we studied occurred in the last six years of our sample.

Since 2016, five former first ladies have aimed for the presidency. And some have become vice presidents, including Cristina Fernández in Argentina in 2019, Margarita Cedeño — who lost reelection as vice president of the Dominican Republic in 2020 — and Rosario Murillo, reelected as vice president in Nicaragua’s nondemocratic 2021 general elections.

And it’s not just a Latin American trend. In the United States, Hillary Clinton became the first former first lady to run for the Senate (in 2001), a presidential primary (2008) and the presidency (2016). Former first lady Michelle Obama has faced pressure to run for office. In Asia, former first lady of South Korea Park Geun-Hye became president in 2013. In Africa, former first ladies have competed for the legislature in Uganda and the presidency in Ghana and South Africa.

Even if some of these candidates do not explicitly promote women’s issues, their political successes should help to balance the gender disparity in political power and, through their engagement in the public debate, encourage more women to run for office.

For now, Xiomara Castro is currently the only woman head of government in Latin America. And she has an agenda to improve women’s lives in one of the poorest countries in the world — and one with high levels of gender-based violence.

The original article was published at https://latinoamerica21.com/es/por-que-kast-gano-a-boric-en-las-20-comunas-mas-pobres/. It was republished in Clarín (main Argentinian newspaper), Folha de Sao Paulo (Brazilian newspaper), Tal Cual (Venezuelan newspaper), and Revista Dat0s (Bolivian magazine).

Las recientes elecciones presidenciales en Chile sugieren una desconexión del principal candidato de izquierda con la clase baja, donde el candidato de extrema derecha goza de una fuerte popularidad. El 19 de diciembre Gabriel Boric, candidato por la coalición de izquierda Apruebo Dignidad y quien obtuvo casi un 26% de apoyo en la primera vuelta, se enfrentará a José Antonio Kast, candidato por el conservador Frente Social Cristiano y quien recibió cerca de 28% de los votos.

Cuando se anticipa una segunda vuelta electoral —tal como casi unánimemente se esperaba en Chile— y existen candidatos que apelan a distintos clivajes, los votantes tienden a votar sinceramente. En cambio, en la segunda vuelta el voto es más estratégico: aunque no guste mucho un proyecto, se apoya al menos malo. Considerando esto, la siguiente tabla muestra las preferencias (sinceras) en las 20 comunas más pobres del país. Estas 20 comunas se sitúan en 6 de las 16 regiones del país y están en el norte, centro y sur de Chile:

Fuente: https://live.decidechile.cl/#/ev/2021.nov

Como se puede ver, Kast fue más votado que Boric en todas las comunas, recibió un apoyo promedio de 37,5% (36% fue la mediana), mientras que Boric recibió un promedio de 13,3% (mediana de 13,5%). En algunos casos, la diferencia fue abrumadora: Kast recibió 24 veces más votos en Colchane. La tabla no permite extrapolar las preferencias al resto del país ya que las comunas no son representativas ni demográfica ni geográficamente. Por ejemplo, los resultados en la Araucanía y Los Lagos probablemente están muy condicionados por el conflicto que se vive en la zona. Sin embargo, la tabla muestra una tendencia clara, y que se suma a lo que mostró la encuesta publicada a principios de noviembre por la consultora Activa. En ella, Kast lideraba las intenciones de voto en los grupos socioeconómicos “D” (clase baja, el grupo más numeroso con cerca del 37% de la población) y “E” (pobres, 13% de la población y el tercer grupo más grande). Un 21,3% de los encuestados decía que votaría por Kast, mientras que sólo un 13% por Boric.

El misterio

¿Cómo es posible que un pinochetista que apoya a una dictadura que fue tan represiva económica y humanitariamente con la clase baja sea más popular que un candidato surgido desde la protesta social con afán de representar demandas por mayor justicia social, y que ha hecho lo posible por encarnar los presuntos anhelos de la masiva revuelta que comenzó en octubre de 2019?

Una opción sería culpar a los votantes. En cierta sociología marxista, la “falsa conciencia” ocurre cuando los oprimidos son incapaces de reconocer la explotación que padecen en una sociedad capitalista. Su naturalización de las clases sociales, inducida por el control del discurso público por parte de la burguesía, les impide defender sus verdaderos intereses. Entonces, no sabrían distinguir con claridad qué candidato los representa mejor.

Otra visión, menos condescendiente, sería ver qué preocupa a los grupos socioeconómicos más bajos. Cuando se revisa la información disponible, entonces el aparente misterio se desvanece.

La encuesta de Activa destaca que los temas de mayor importancia desde la clase media acomodada (“C1”) a los pobres (“E”) son, en orden decreciente, delincuencia, pensiones, y salud. A estos les siguen en todos los grupos socioeconómicos, con algunas diferencias en orden, corrupción, inflación, desigualdad de ingresos, e inmigración.

Estos resultados son similares a los de la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, publicada en septiembre, donde se muestra que las principales preocupaciones de los chilenos son, en orden decreciente, delincuencia, pensiones, salud, y educación. De manera similar, una encuesta realizada por la consultora internacional Ipsos mostró que el 74% de los chilenos cree que el país va por mal camino, el tema que más preocupa es el crimen y la violencia (41% de preferencias) seguido por pobreza y desigualdad (37%), y de los 27 países estudiados es donde más preocupa el control migratorio (32% de los encuestados).

Cuando se revisa la Primera Medición del Bienestar Social en Chile publicada en octubre por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se constata, sin sorpresa, que los dos deciles más pobres son los que más problemas aseguran tener en indicadores de bienestar como ingresos limitados e incapacidad para pagar deudas. Pero en muchos otros indicadores, como temor a ser víctimas de acoso callejero o delitos, presenciar delitos (por droga, balaceras, robos, etc.), síntomas de ansiedad y depresión, enfrentar problemas de medio ambiente, sus respuestas no son muy diferentes a las de los otros deciles.

En conjunto, estas encuestas revelan que pese a Chile ser el país con la mayor desigualdad de ingresos entre los 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, existe una gran superposición en las principales preocupaciones de los chilenos. Aquí es donde los proyectos de los candidatos cobran relevancia.

El programa de Boric se centra en cuatro reformas: el acceso garantizado universal a la salud, pensiones dignas sin el sistema actual manejado por administradoras privadas, un sistema educativo público, gratuito y de calidad, y la conformación de un gobierno ecologista. Es decir, en los tres primeros puntos aborda preocupaciones relevantes para todos los grupos socioeconómicos, aunque ni en el programa ni en el discurso aborda el más importante, la delincuencia. También ha mostrado confusiones y debilidades en su proyecto económico, tema que usualmente evade. De hecho, se lo ve más cómodo hablando de feminismo o medioambiente que de inflación.

El programa de Kast, por otro lado, es un mamotreto al que el propio candidato ha dado media espalda, así que es más razonable fijarse en lo que ha dicho. Durante la campaña, Kast ha destacado mucho más que Boric la lucha contra la delincuencia, mano dura contra la inmigración irregular, la importancia del crecimiento económico, e imponer orden para lograr la pacificación social. Si bien algunas de sus propuestas son extremas (como cavar zanjas en la frontera norte) o ridículas (desarrollar una “coordinación internacional antiradicales de izquierda”), aborda temas sensibles para todos los grupos socioeconómicos, con principal énfasis en la delincuencia y el orden para alcanzar el progreso.

No existe ninguna incompatibilidad ideológica entre ser de izquierda y hacerse cargo de las causas y consecuencias de la delincuencia, racionalizar la inmigración, promover el crecimiento económico y garantizar la estabilidad social necesaria en toda democracia. Estas propuestas pueden ir de la mano con reformas necesarias en pensiones, salud, educación, medioambiente, e inequidad de género. Pero, por razones complejas, parte de la izquierda chilena no se siente cómoda abordando estos temas.

¿Estará la candidatura de Boric dispuesta a abordar desde una perspectiva progresista las banderas que hoy tienen a Kast como el candidato más fuerte? Quizás, aunque ya puede ser muy tarde para evitar el triunfo del candidato reaccionario.

The original article was published at https://comentarista.emol.com/1840440/19460185/Ignacio-Arana.html

The original article was published https://latinoamerica21.com/es/bukele-por-siempre-y-mas-alla-del-bitcoin/. It was Republished in El Universo (Ecuadorean newspaper) and El Espectador (Colombian Newspaper).

Nayib Bukele mostró sus cartas. Tal como aventuré en una columna anterior, el extremadamente popular presidente salvadoreño recurrió al viejo recurso latinoamericano de violar la constitución para quedarse más tiempo en el poder. Y lo hizo coincidir estratégicamente en un momento en el que la prensa internacional está mucho más interesada en su experimento de legalizar la criptomoneda bitcoin que en cubrir sus asaltos a lo que queda de democracia en El Salvador.

Los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que Bukele designó usando su mayoría legislativa decidieron retribuirle el favor laboral a su jefe permitiéndole gobernar más allá de lo que le permite la constitución, a pesar de que tiene 4 artículos (el 88, el 152, el 154, y el 248) dedicados a impedir la reelección presidencial. A través de una resolución de 28 páginas, los juristas autorizaron la reelección inmediata para el período 2024-2029. El organismo que debe proteger la constitución la violó con cantinfladas como la siguiente: “Atar la voluntad popular a un texto que respondía a necesidades, contexto o circunstancias de hace 20, 30 o 40 años, resulta ya no garantista, sino una excesiva restricción disfrazada de certeza jurídica”. Ante tan expresa flexibilidad, lo lógico es esperar que la Corte Suprema nunca limite el mandato de quien la controla.

La Corte Suprema terminó de perder su independencia cuando la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo (que controla 64 de los 84 curules), decidió destituir a los magistrados de la Sala Constitucional y al fiscal general en su primer día de sesiones, en mayo pasado. Desde entonces, el gobierno sometió a la cabeza del Poder Judicial. Y ahora va por el resto del cuerpo: el 31 de agosto, la Asamblea aprobó una reforma a la carrera judicial que obliga a retirarse a los jueces mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio. Esta reforma le permitirá al gobierno poblar las cortes con jueces leales a Bukele.

El presidente salvadoreño actúa de manera estratégica. Primero, sabe tomar distancia. Aunque le encanta dar declaraciones, evitó referirse a la resolución sobre la reelección presidencial. De esta manera evitó darle importancia. Segundo, maneja los tiempos. Si El Salvador está en las noticias internacionales es porque desde el 7 de septiembre el país legalizó el bitcoin como divisa. La prensa libre del mundo libre ha estado mucho más interesada en el riesgoso experimento con la criptomoneda que en los zarpazos contra la libertad en el país centroamericano. Grandes medios como CNN, el New York Times, Bloomberg, BBC, The Economist y un largo etcétera han cubierto el tema hasta el hartazgo.

Tercero, saca las castañas con la mano del gato. En este caso, la ronroneante Corte Suprema.  Bukele decidió no meter el cambio a la reelección presidencial en el paquete de reformas que el vicepresidente Félix Ulloa presentará el 15 de septiembre a nombre del gobierno. Es más, Ulloa incluso ha dicho que los artículos constitucionales que prohíben la reelección consecutiva no se deben tocar. De esta manera, el gobierno parece respetar pulcramente la regla electoral mientras manda a la corte a violarla con descaro. Chapó.

Más viejo que el hilo negro

La decisión de Bukele de irrespetar la constitución para retener el poder no es infrecuente. Jefes de gobierno de todo el mundo han eludido, suspendido, reformado o reemplazado las constituciones para retener el puesto. Lo hicieron Vladimir Putin en Rusia este año  y Abdel Fattah el-Sisi en Egipto en 2019. Según un estudio de 2018, de los 221 presidentes latinoamericanos, africanos, asiáticos y del Medio Oriente que enfrentaron límites a sus mandatos entre 1975 y 2018, el 30% decidió hacerles una verónica y seguir en el poder.

El también llamado “continuismo” es una larga tradición latinoamericana. Si hubieran respetado los límites constitucionales, dos vecinos de Bukele no estarían gobernando: ni Daniel Ortega en Nicaragua ni Juan Orlando Hernández en Honduras. Según mis datos, recolectados tanto de biografías presidenciales como de constituciones, entre 1945 y 2012, 31 presidentes de todos los países latinoamericanos (excepto México) y bajo todos los regímenes políticos —democracias, semidemocracias, y dictaduras— intentaron en 40 ocasiones cambiar o reinterpretar la constitución para mantenerse en el poder más allá de su mandato. Tuvieron éxito en 29 ocasiones.

En un estudio que publiqué recientemente examiné la potencial relación causal entre los cinco grandes factores de la personalidad —apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversión, amabilidad, y neuroticismo— de los presidentes y la probabilidad de que intenten alterar sus períodos presidenciales. Encontré que los líderes que tienden a ser más abiertos a la experiencia, más neuróticos y menos responsables son más propensos a tratar de retener la jefatura de gobierno. Asimismo, los presidentes son más propensos a tratar de extender sus mandatos cuando tienen fuertes poderes legislativos, lideran nuevos partidos, la reelección inmediata está prohibida y las altas cortes no son completamente independientes. Bukele disfruta actualmente de todas estas condiciones, excepto de fuertes poderes legislativos —aunque eso lo puede suplir con la abrumadora mayoría que lo apoya en la Asamblea Nacional.

Los destinos de los jefes de gobierno que tuvieron éxito en extender su estadía en el poder fueron muy variopintos. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa es hoy prófugo de la justicia de su país, acusado de cohecho. Hugo Chávez gobernó en Venezuela hasta que murió en 2013. Alberto Fujimori se arrancó a Japón en 2000 y hoy está en una cárcel en Perú. Al argentino Juan Domingo Perón lo sacaron con un golpe de Estado en 1955, aunque luego logró volver a la presidencia. A otros, como Carlos Menem de Argentina y Álvaro Uribe de Colombia, no les permitieron extender su mandato en su segundo intento. ¿Cuál destino le deparará a Bukele? Difícil saberlo. Ahora está en la gloria. Pero a veces la historia se repite, y por eso tal vez no estaría mal recordar que a su predecesor Salvador Castañeda lo sacaron con un golpe militar en 1948 cuando trató de extender su mandato. Y es que muchas veces la historia termina mal para el jefe de gobierno, el país, o ambos.

The original article was published at https://agendapublica.es/noticia/17188/chile-presidencialismo-sin-fin.

En esta columna discuto razones prácticas sobre por qué Chile no abandonará el presidencialismo y comparto argumentos que relativizan la presunta inferioridad de este sistema político comparado con los semi-presidenciales y parlamentarios. Sostengo, además, que la discusión es innecesaria porque la flexibilidad del presidencialismo permitirá absorber todo tipo de demandas en la próxima Constitución.

La discusión sobre el sistema político es de extrema importancia, ya que trata sobre la estructura institucional sobre la cual se practica la democracia. Es comparable a las reglas de un deporte, las que delinean las atribuciones de los jugadores, cuánto rato pueden jugar, cuándo cometen infracciones y cómo dirimir los conflictos. Pero, a diferencia del fútbol, donde la «pelota no se mancha», un mal diseño puede ayudar a matar el juego y la democracia mancharse con sangre.

En el mundo predominan tres tipos de sistemas políticos: presidenciales, semi-presidenciales y parlamentarios. Éstos abarcan más del 75% de los 195 estados independientes. Además de ellos, existen sistemas de partido único (como los comunistas en China, Cuba, Eritrea, Laos, Corea del Norte y Vietnam), teocracias como la iraní, sultanatos como el de Brunei, híbridos cuya clasificación es debatible (como Botswana, las Islas Marshall, Suiza y Kiribati), y otros de difícil clasificación (como la diarquía compuesta por capitanes regentes en San Marino).

Razón práctica: las democracias lo retienen

La primera versión del presidencialismo se inventó en Estados Unidos en la Constitución de 1787. Desde entonces lo adoptaron todos los países latinoamericanos y en Asia, Europa, África y Oceanía.

Los sistemas presidencialistas han aguantado circunstancias tan excepcionales como guerras internacionales y civiles, crisis económicas y hambrunas. No he podido identificar una democracia que lo haya abandonado; sólo regímenes autoritarios y semi-democracias (como la brasileña, entre 1961 y 1963). Pero en regímenes autoritarios los jugadores más influyentes se pueden saltar las reglas del juego político. El dueño de la pelota puede decidir si hubo penal desde el bar.

Tres razones ayudan a entender la durabilidad del presidencialismo. Primero, echar abajo la estructura institucional para reemplazarla por una nueva supone costes altísimos a cambio de beneficios inciertos. Segundo, las élites políticas y económicas ya tienen incorporadas las reglas del juego y, por lo tanto, sus preferencias e intereses se han amoldado a ellas. Cambiar el juego por otro llevaría a cambiar el tipo de jugadores, la relación entre ellos o ambas cosas, por lo que los actuales protagonistas seguramente se opondrían. Tercero, es difícil que la ciudadanía esté dispuesta a perder el derecho a escoger quién liderará el Ejecutivo.

¿Pero cuál es mejor?

En la literatura especializada, hace más de un siglo hay proponentes sobre la presunta superioridad del parlamentarismo. Así lo sostenía, por ejemplo, el ex presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson en un libro publicado en 1885.

La discusión en la era moderna, sin embargo, empezó en 1990 con el artículo ‘Los peligros del presidencialismo’ de Juan Linz en el Journal of Democracy. Aunque Donald L. Horowitz (1990) le contestó contundentemente en la misma revista que las mismas críticas hechas por Linz podían adjudicarse al parlamentarismo, los dardos estaban lanzados.

Como resumió Robert Elgie (2005), desde entonces ha habido tres olas de discusión académica sobre presidencialismo versus parlamentarismo. En la primera, predominante a principios de los 90, los críticos del primero aseguraban que el segundo era más conducente a la consolidación democrática. Luego, con Shugart y Carey (1992) surgió una segunda ola, predominante desde mediados de los 90 y que sigue fluyendo, en donde diversos autores han apuntado a la combinación de presidencialismo con otros factores (principalmente, sistemas electorales, sistemas de partidos y poderes presidenciales) como los causantes de problemas para consolidar democracias y progresar en otras cuestiones como los déficits fiscales, el libre comercio y la provisión de salud y educación (ver Shugart, 1999). Luego, siguiendo a Elgie, una tercera ola ha analizado los sistemas políticos desde perspectivas teóricas más amplias, como la de jugadores de veto (Tsebelis, 2002).

Actualmente, no hay un debate encendido sobre cuál sistema político es más apto para la democracia: hay una cierta inclinación en favor del parlamentarismo, pero no categórica. Dicha inclinación se explica principalmente porque la toma de decisiones está más centralizada en los sistemas parlamentarios debido a que el Poder Ejecutivo es una creación del Legislativo, lo que lleva a menos enfrentamientos entre ambos poderes y a un avance menos trabado del proceso legislativo (ver Cheibub y Limongi, 2002); es decir, las mayorías legislativas pueden gobernar con mayor facilidad. En cambio, en sistemas presidencialistas se dan más gobiernos divididos (cuando partidos o coaliciones diferentes controlan el Ejecutivo y el Legislativo) debido a que los representantes de ambos poderes son elegidos de manera independiente, lo que tiende a llevar a más conflictos entre los dos, a parálisis legislativa y a desajustes y descoordinación en el diseño y aplicación de políticas públicas.

Pero, en la práctica, estas diferencias de base se pueden invertir. La clave del diseño institucional está en las características de instituciones como los sistemas electorales y de partidos. Un sistema parlamentario puede trabarse si tiene varios partidos en el Legislativo y no logran formar mayoría. Por ejemplo, entre 2010 y 2011 Bélgica estuvo ¡589 días! sin un Gobierno electo debido a su fragmentación legislativa. En 2016, España estuvo 10 meses en esa situación, que sólo pudo desbloquear tras dos elecciones. La estabilidad puede no llegar nunca: la parlamentarista Italia ha tenido 68 gobiernos en 75 años. Asimismo, un sistema presidencial bipartidista combinado con partidos disciplinados, un Congreso fuerte y poderes presidenciales limitados puede centralizar la toma de decisiones en el Legislativo.; de la misma manera que un presidente con amplios poderes puede inclinar la balanza deliberativa hacia el Ejecutivo, incluso en sistemas multi-partidistas.

A su vez, el presidencialismo tiene una potencial ventaja democrática importante: mayor representatividad. Los primeros ministros surgen de acuerdos parlamentarios; no son elegidos por los ciudadanos. En cambio, los presidentes casi siempre lo son por voto popular (una excepción se da con el Colegio Electoral en Estados Unidos). Aunque la legitimidad dual del presidencialismo (tanto presidente como Congreso pueden atribuirse la representación popular) ha sido clave en las críticas históricas al sistema, lo cierto es que un primer ministro jamás podrá reclamar el mandato popular que tienen los presidentes. Pero, de nuevo, la representatividad puede ser distorsionada de tal manera por los sistemas electorales y de partidos, y por prácticas como el clientelismo, la corrupción y el lobby que las diferencias basales se pueden invertir.

¿Y el semi-presidencialismo?

El semi-presidencialismo suele dejarse de lado en este debate, ya que es más reciente: si bien se creó en Finlandia en 1919 y se usó en la República de Weimar alemana (1919-1933), el referente ha sido la Quinta República francesa, establecida desde 1958.

Hay quienes consideran a este sistema como un punto intermedio favorable entre los otros dos. El semi-presidencialismo tiene un Ejecutivo bicéfalo donde coexisten un presidente electo popularmente con un primer ministro. El presidente ejerce como jefe de Estado y suele estar a cargo de conducir la política exterior y de defensa, mientras que el primer ministro es el jefe de Gobierno y, por lo tanto, lidera formalmente la política doméstica. Hay dos variantes relevantes. En una, llamada «premier-presidencial» por Shugart y Carey (1992) y usada en países como Francia, Egipto, Argelia, Polonia y Portugal, el presidente puede escoger al primer ministro y a su Gabinete, pero sólo el Legislativo puede removerlos. En la otra, llamada «presidencial-parlamentaria» por los mismos autores, el presidente también escoge al primer ministro y a su Gabinete, pero tanto el presidente como el Legislativo los pueden remover, lo que tiende a generar mayores fricciones entre ambos poderes. Esta versión existe en Austria, Rusia, Azerbaiyán, Taiwán y Mozambique.

En la práctica, lo que importa es si los presidentes cuentan con el apoyo legislativo mayoritario. Si es así, entonces ejercen como jefes de sus primeros ministros; si no, entonces el presidente se ve forzado a compartir su poder con el primer ministro en el estatus llamado de cohabitación.

Ésta ha sido considerada una gran virtud del semi-presidencialismo porque permite que el poder se incline hacia quien tiene mayoría legislativa, evitando así los conflictos recurrentes con el Legislativo adjudicados al presidencialismo. Pero también ha sido caracterizada como un quebradero de cabeza por las disputas de poder entre presidentes y primeros ministros, tal y como ocurrió entre 1997 y 2002 entre el presidente conservador francés Jacques Chirac y el primer ministro socialista Lionel Jospin. Algunas cohabitaciones han terminado con presidentes gobernando a través de decretos o, peor aún, autoritariamente (Elgie, 2008).

En resumen, la disputa sobre sistemas políticos se asemeja a la discusión sobre si es mejor construir casas de madera (predominantes en Estados Unidos) u hormigón (favorecidas en Chile). Primero, depende del contexto. Segundo, cada alternativa tiene ventajas y desventajas. Tercero, las desventajas iniciales se pueden mitigar. Una casa de madera puede ser atacada por termitas, pero las termitas pueden ser erradicadas. No es necesario demoler la casa. Lo mismo sucede con el presidencialismo.

La elasticidad del presidencialismo

Queda mucho por entender aún sobre el funcionamiento en los sistemas presidencialistas. Por ejemplo, aunque se tiene muchísima información acerca de los presidentes, poco se sabe sobre cómo las características individuales de los jefes de gobierno tienen un impacto sobre la gobernanza ejecutiva. Precisamente, en mi investigación abordo este vacío, explorando cómo las personalidades de los presidentes y otras diferencias individuales (Arana 2016a, 2016b, 2020a, 2020b, 2021), así como el círculo íntimo presidencial (Arana, 2012), impactan la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo.

Pero todos los males adjudicados al presidencialismo se pueden eliminar o mitigar sin desechar el sistema. Por ejemplo, si la Convención chilena busca limitar el poder legislador del presidente y reforzar la influencia del Congreso, no hay por qué mantener lo estipulado en el artículo 74 de la actual Constitución, que permite a los presidentes declarar la urgencia legislativa. O lo contenido en los artículos 65 y 67, que formalmente concentran casi todo el proceso presupuestario en el Ejecutivo (ver Arana, 2013, 2015, 2016c). El artículo 65 le da al presidente un dominio exagerado sobre la política impositiva, la administración financiera del Estado y los gastos fiscales, mientras que el 67 establece que el Ejecutivo es el único responsable de crear una ley de presupuestos que considere todos los gastos públicos. Asimismo, le da al Congreso sólo 60 días para revisar el proyecto de ley y poderes muy limitados para cambiarlo. Estos artículos refuerzan el poder presidencial, limitando la influencia del Congreso en el proceso presupuestario y en su capacidad de fiscalizar el comportamiento del Ejecutivo. Este desequilibrio no tiene por qué ser así y se puede corregir. No es necesario demoler la casa centenaria para eliminar las termitas.