November 2006. “Democracia y matrimonios presidenciales: poca competencia y rotación en la élite política” Nueva Sociedad 266

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Las presidencias del continente corren la amenaza de convertirse en un patrimonio familiar. Las dinastías políticas fueron comunes durante el siglo XX, cuando distintos miembros de familias poderosas –especialmente padres e hijos– se rotaron en la presidencia. En los últimos años la práctica se ha extendido para incluir a las primeras damas. El fenómeno tiene efectos nocivos sobre la representatividad del sistema presidencial.

No son pocas las primeras damas que han buscado la presidencia tras una temporada en el palacio de gobierno. Entre ellas, la trayectoria de Cristina Kirchner es excepcional ya que tuvo una extensa carrera como legisladora antes de llegar como acompañante a la Casa Rosada (2003-2007), donde intercambió sillones con su marido Néstor para gobernar entre 2007 y 2015. Las otras primeras damas con ambiciones presidenciales estuvieron involucradas en actividades políticas antes de llegar al palacio de gobierno, pero no ocuparon puestos de elección popular. La probable próxima presidente de Estados Unidos, Hillary Clinton, fue electa senadora y luego designada como secretaria de Estado solo tras acompañar a su marido Bill en la Casa Blanca. La hija del expresidente peruano Alberto Fujimori, Keiko, se hizo conocida tras sus seis años como primera dama (1994-2000), cargo al que llegó a los 19 años de edad. Después de eso, logró ser legisladora y candidata presidencial dos veces, en 2011 y 2016, alcanzando en ambas ocasiones la segunda vuelta. Sandra Torres, primera dama de Guatemala entre 2008 y 2012, fundó con su marido Álvaro Colom el partido Unidad Nacional de la Esperanza, que lo llevó a él al poder. Pero Torres nunca estuvo en un cargo político formal. Como las leyes del país centroamericano prohíben que familiares directos de mandatarios se postulen a la presidencia, en 2011 se separó de Colom con el único propósito de sucederlo. La Corte Suprema y luego la Corte Constitucional vetaron su candidatura, pero Torres prosiguió en su afán y fue autorizada para competir en las elecciones de 2015, en la que perdió en segunda vuelta. Xiomara Castro, ex primera dama de Honduras entre 2006 y 2009, también estuvo involucrada en el Partido Liberal en la elección de su marido Manuel Zelaya a la presidencia, pero no ocupó puestos de elección popular. La popularidad que le otorgó vivir en la Casa Presidencial de Honduras la llevó a postularse a la presidencia en 2013, y quedó en segundo lugar. Finalmente, el próximo 6 de noviembre la actual primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, será candidata a vicepresidente de su marido, Daniel Ortega, en la presidencia desde 2007. La candidatura de Murillo se ha interpretado como un afán de dejarla como sucesora de su marido, quien tiene 70 años y padece de una salud frágil. La vicepresidencia sería el primer puesto político de Murillo.

La irrupción de las primeras damas como contendientes por la presidencia se suma a una tradición de familias políticas que han ocupado altos puestos de poder. Prácticamente cada país del continente tiene un grupo de familias poderosas que se repiten en la presidencia. La lista es extensa incluso si solo recordamos algunos casos de padres e hijos que se repitieron en la presidencia –y que constituyen una submuestra de quienes lo intentaron–. En Estados Unidos, John Quincy Adams (1825-1829) sucedió a su padre John Adams (1797-1801), así como George W. Bush (2001-2009) repitió la experiencia de su progenitor George H.W. Bush (1989-1993). En Colombia, Andrés Pastrana (1998-2002) replicó la experiencia de Misael Pastrana (1970-1974), y Alfonso López Michelsen (1974-1978) la de Alfonso López Pumarejo (1934-1938). En Costa Rica, Ricardo Jiménez Oreamuno (1910-1914, 1924-1928 y 1932-1936) se repitió tres veces en el poder, una más que su padre Jesús Jiménez Zamora (1863-1866 y 1868-1870). En Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) siguió los pasos de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), tal como antes Jorge Alessandri (1958-1964) emuló a Arturo Alessandri (1920-1925 y 1932-1938). En Panamá, Martin Torrijos (2004-2009) gobernó democráticamente, a diferencia de su padre, el general Omar (1968-1981). Finalmente, en Uruguay hubo cuatro Batlles, dos padres y dos hijos. El último fue Jorge Batlle Ordóñez (2000-2005), hijo de Luis Batlle Berres (1947-1951), cuyo sobrino José Batlle y Ordoñez (1903-1907 y 1911-1915) siguió a su padre Lorenzo Batlle y Grau (1868 y 1872).

A esta lista se suma la dinastía de algunos de los peores tándems de dictadores del continente. El nicaragüense Anastasio Somoza (1937-1947; 1950-1956) heredó la presidencia a sus retoños Luis (1956–1963) y Anastasio (1967-1972, 1974-1979), mientras que el haitiano François Duvalier («Papá Doc», 1957-1971) fue sucedido tras su muerte por «Baby-doc», el fatídico Jean-Claude (1971-1986).

Posibles causas

Una causa necesaria para explicar la irrupción de los matrimonios con ambiciones presidenciales es el que la presidencia haya dejado de ser considerada por el electorado –y particularmente por la élite política– como una cosa exclusivamente de hombres. Éste es un fenómeno relativamente reciente en todo el mundo. La elección de Violeta Chamorro (1990-1997) en Nicaragua marcó un giro en las oportunidades para las mujeres en el continente.1

Una vez que se volvió viable que una mujer fuera electa, las primeras damas comenzaron a contar con ciertas ventajas para alcanzar la primera magistratura. Primero, tienen la posibilidad de hacerse conocidas y lucirse a nivel nacional con un altísimo grado de exposición mediática. De hecho, ese fue el camino de todas las políticas mencionadas –y basta con mirar el rol de Michelle Obama en la campaña de Hillary Clinton–. Con el tiempo las primeras damas han desarrollado un rol mucho más destacado que en el pasado. Prácticamente todas aquellas que aspiraron a la presidencia estuvieron involucradas en causas sociales, políticas públicas, y campañas electorales. Este cambio en el uso del puesto responde a una estrategia que busca sacar mayores réditos mediáticos. Lo interesante de este aspecto es que las primeras damas suelen involucrarse en actividades que aumentan su reputación, desde convertirse en íconos de moda –camino que hoy sigue Juliana Awada en Argentina–, hasta involucrarse en causas honrosas, como luchar por la pobreza, la equidad de género y los derechos infantiles. En otras palabras, es un puesto que ofrece posibilidades de lucirse.

Las características descritas las convierten en potenciales candidatas competitivas, ya que los partidos no necesitan invertir tanto dinero, tiempo y energía en hacerlas conocidas y ya cuentan con una base de popularidad inicial. Pero su competitividad es, a la vez, síntoma de los mismos problemas en el funcionamiento democrático que implica la predominancia de familias políticas. Y, para colmo, tienden a reforzarlos. En países con sistemas de partidos débiles, la política tiende a alejarse de la discusión de proyectos ideológicos y se centra en personalismos. Nombres y apellidos reemplazan a ideas y principios. Además, las dinastías revelan una falta de competencia y rotación en la élite política. Esto afecta la representatividad del sistema, ya que refuerza la separación entre las élites y el electorado que pretenden representar. No es de extrañar que el paso siguiente sea el descrédito de los votantes en las instituciones que garantizan el funcionamiento democrático.

Por supuesto, una primera dama competente o que tiene una destacada trayectoria tiene todo el derecho a competir por alcanzar la primera magistratura. De hecho, como se mencionó, los matrimonios presidenciales suelen tener a la actividad política como un aspecto central en su sociedad conyugal. Pero las virtudes de los cónyuges no son transferibles entre sí, y lo que cabe esperar en un sistema competitivo es que la sangre (o el contrato matrimonial) no condicionen quién se arrellanará en el sillón presidencial. En los casos descritos, resulta probable que ninguna hubiese llegado a la presidencia de no haber estado casadas antes con un presidente.

Los matrimonios presidenciales recuerdan a los tres principales teóricos de las élites que surgieron a partir de fines del siglo XIX. Los italianos Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto y el alemán Robert Michels coincidían en que la élite política se perpetúa endogámicamente, seleccionando a sus miembros desde la clase privilegiada. Aunque la perspectiva actual es que existen distintas élites y diferentes miembros y funciones al interior de éstas, los matrimonios presidenciales nos recuerdan que la composición de quienes se sitúan en la cúspide de la élite política no necesariamente progresa en el tiempo en términos de competitividad y representatividad.

 

1. Las dos presidentes que la precedieron, Isabel Martínez de Perón (1974-1976) en Argentina y Lidia Gueiler (1979-1980) en Bolivia, no fueron elegidas (la primera era vicepresidente y la segunda líder de la cámara baja) y fueron defenestradas en golpes militares.

 

Picture Budgetary Negotiations How the Chilean Congress Overcomes its Constitutional Limits

2015. “Budgetary Negotiations: How the Chilean Congress Overcomes its Constitutional Limits.” Journal of Legislative Studies 21 (2): 213-231. PDF.

Recent research suggests that the Chilean Congress is marginalised in the policymaking process, especially when setting the budget. This paper argues that previous studies have overlooked the fact that the legislature uses two amendment tools – specifications and marginal notes – to increase the national budget and reallocate resources within ministries. This behaviour contradicts the constitution, which only allows Congress to reduce the executive’s budget bill. To test this empirically, a pooled two-stage time-series cross-sectional analysis is conducted on ministries for the years 1991–2010. The findings clarify how the legislature surpasses its constitutional limits and demonstrate that specifications are useful to predict when Congress increases or decreases a ministry’s budget.

Aftershocks of Pinochet’s Constitution: the Chilean Post-Earthquake Reconstruction.

2016. “Aftershocks of Pinochet’s Constitution: the Chilean Post-Earthquake Reconstruction.” Latin American Perspectives 44(4): 62-80. PDF.

The criticism of the reconstruction that followed the cataclysm in Chile in 2010 has centered on contingent factors including the performance of politicians. An examination of the way structural factors conditioned the governmental response to the 8.8 earthquake shows that the constitution created by the military regime shaped the reconstruction through provisions that limited vertical and horizontal accountability in intrastate and state-society relations. The subsidiary state, executive-legislative power relations, the binomial electoral system, and the appointment rather than election of regional authorities favored a recovery effort that has been underinstitutionalized, privatized, characterized by scant participation of victims, and marred by irregularities. An analysis of governmental reports, media outlets, polls, and semistructured interviews conducted with legislators, social leaders, and scholars sheds light on the relation between the constitution and the recovery.

How to Assess the Members of the Political Elite? A Proposal Based on Presidents of the Americas

2016. “How to Assess the Members of the Political Elite? A Proposal Based on Presidents of the Americas.” [In Spanish] Política 54 (1): 219-254. PDF.

This article critically reviews the study of the political elite, including the historical evolution of its meaning, role, composition, independence and ways of analysing its members. It argues that to effectively study elite  members  their  individual  differences  should  be  examined.  This  paper looks at individual differences among presidents, those at highest levels of the political elite in presidential systems. It finds that as a group, presidents of the Western Hemisphere come from moderately affluent socioeconomic  backgrounds,  at  least  one  third  are  either  lawyers  or  come  from  the  security  forces,  and  that  they  tend  to  score  low  on  agreeableness  and  neuroticism,  moderately  high  in  extroversion  and  openness  to  experience,  and  high  in  conscientiousness.  This  exercise  suggests a research agenda that may be extended to other members of the elite.

What Drives Evo’s Attempts to Remain in Power? A Psychological Explanation

2017. “What Drives Evo’s Attempts to Remain in Power? A Psychological Explanation.” Bolivian Studies Journal 22: 191-219. PDF.

The current Bolivian President, Evo Morales, has managed to govern longer than all of his predecessors thanks to his three successful attempts to relax his term limits. In this article I argue that the high risk-taking personality of Morales, especially his social risk-taking, helps to explain why he has consistently tried to extend his time in office. To address this proposition I follow a twofold strategy. First, I show the results of a survey conducted among experts in presidents of the Americas. This survey measured different personality traits of the leaders that governed between 1945 and 2012, including their risk-taking. Second, I examine some of the most important decisions that Morales has made throughout his adult life. Both the survey and the analysis of Morales’ trajectory suggest that his attempts to cling to power are rooted in his risk-taking.

Chile 2016: The nadir of democratic legitimacy?

2017. “Chile 2016: The nadir of democratic legitimacy?” [In Spanish]  Revista de Ciencia Política 37 (2): 305-334. PDF.

This article argues that the legitimacy of the political system is currently at its lowest point since the return to democracy. Presidential approval ratings dipped to a record low in 2016. The year also saw the highest levels of electoral absenteeism and distrust in the three branches of government, and the lowest levels of identification with political parties. This low legitimacy of the political system can be attributed to cyclical —governmental mismanagement and corruption scandals— and underlying causes —interpersonal mistrust, detachment from the political activity and insulated elites—. If these trends continue, we may witness a transformation of the party system, the emergence of populist movements and leaders, and the erosion of the quality of Chilean democracy.

Strategic Retirement in Comparative Perspective.

2017. “Strategic Retirement in Comparative Perspective.” (with Aníbal Pérez-Liñán) Journal of Law and Courts 5 (2): 173-197. PDF.

Students of judicial behavior debate whether justices time their retirement to allow for the nomination of like-minded judges. We formalize the assumptions of strategic retirement theory and derive precise hypotheses about the conditions that moderate the effect of partisan incentives on judicial retirements. The empirical implications are tested with evidence for Supreme Court members under democracies and dictatorships in six presidential regimes between 1900 and 2004. The theory of strategic retirement finds limited support in the United States and elsewhere. We conclude that researchers should emphasize “sincere” motivations for retirement, progressive political ambitions, and—crucial in weakly institutionalized legal systems—political pressures.

Judicial Reshuffles and Women Justices in Latin America

Judicial Reshuffles and Women Justices in Latin America.” American Journal of Political Science (with Aníbal Pérez-Liñán and Melanie Hughes). PDF

 

Can weak judicial institutions facilitate the advancement of women to the high courts? We explore the relationship between weak institutions and gender diversification by analyzing the consequences of judicial reshuffles in Latin America. Our theory predicts that institutional disruptions will facilitate the appointment of women justices, but only when left parties control the nomination process. We test this argument using difference‐in‐differences and dynamic panel models for 18 Latin American countries between 1961 and 2014. The analysis offers support for our hypothesis, but gains in gender diversification are modest in size and hard to sustain over time. Political reshuffles may produce short‐term advances for women in the judiciary, but they do not represent a path to substantive progress in gender equality.

The Personalities of Presidents as Independent Variables.

[11]  2020. “The Personalities of Presidents as Independent Variables.” Political Psychology. PDF.

 

The debate about the relative importance of the personality traits of presidents has a long history. Until the mid‐1970s, scholars of the presidency extensively focused on the uniqueness of the individuals that held office. However, the difficulty in capturing presidential personalities and measuring their impact on executive politics led to a significant quantitative shift that focused more on the institutions within which presidents operate. This change produced a long‐lasting divide between researchers interested in the “institutional” presidency and those focused on the “personal” presidency. I propose to integrate both approaches by incorporating insights from differential psychology to treat the personality traits of presidents as independent variables. In support of the argument, I use data from an expert survey that captured psychometric traits of presidents who governed the Western Hemisphere in 1945–2012 to reassess an influential study about Latin American presidents. The results show that adding openness to experience leads to a deeper understanding of presidential approval. I conclude by arguing that measuring the personality traits of all sorts of leaders is necessary to modernize the study of elites.

Informal Institutions and Horizontal Accountability: Protocols in the Chilean Budgetary Process.

2013. “Informal Institutions and Horizontal Accountability: Protocols in the Chilean Budgetary Process.”  Latin American Politics and Society 55 (4): 74-94. PDF.

Studies of executive‐legislative relations are usually based only on the analysis of formal institutions, although informal institutions also shape interbranch behavior. This omission leads to questionable results when scholars examine the capacity of state institutions to audit other public agencies and branches of government. This article explores how the protocols, an informal institution that shapes the Chilean budgetary negotiations, have increasingly allowed the congress to have a more relevant budgetary role than what the constitution permits. It argues that protocols accommodate some of the undesired consequences of a charter that is strongly biased toward the central government, and describes how this institution has departed from its stringent budgetary focus to encompass broader executive‐legislative agreements that enhance the legislature’s capacity to oversee the executive.