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Chile experimentó en 2019 un pronunciado declive democrático en la clasificación que realiza Freedom House (https://freedomhouse.org/), una de las tres principales organizaciones que mide el estado de la democracia en el mundo. Freedom House evalúa 15 indicadores sobre libertades civiles y 10 sobre derechos políticos, y los transforma en una escala que va de 0 a 100 puntos. En dicha clasificación, Chile cayó de 94 a 90 puntos debido a los acontecimientos ocurridos desde el 18 de octubre. Si bien la caída es alarmante, no constituye una amenaza al sistema democrático y el gobierno tiene potencialmente la capacidad para revertir la regresión en el corto plazo.
El año pasado Chile mejoró en un indicador que mide derechos políticos y retrocedió en tres ítems que miden libertades civiles. Hubo un avance en apertura y transparencia gubernamental cuando en septiembre fue derogada la Ley Reservada del Cobre para aumentar la transparencia y el control civil sobre el presupuesto militar. Aunque el cambio legal establece un cronograma lento de cambios, es un avance significativo en una ley que desde 1990 varios gobiernos se han comprometido a cambiar por su opacidad. La ley 13.196 establecía que el 10% de las ventas de Codelco fueran transferidas a las fuerzas armadas sin rendir cuentas al poder civil, una invitación abierta al despilfarro y la corrupción, como el escándalo “milicogate” terminó por evidenciar.
Los retrocesos en libertades civiles ocurrieron tanto por las violaciones a los derechos humanos cometidas por carabineros, como por los abusos ejercidos por manifestantes violentos y saqueadores contra el resto de la población civil. El extenso uso ilegítimo de la fuerza pública cometido por carabineros ha sido ampliamente constatado tanto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos como por Naciones Unidas y organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, además de abundante información anecdótica que ha circulado en la prensa y redes sociales. Carabineros ha recibido acusaciones gravísimas, incluyendo torturas y violaciones sexuales.
La violencia civil descontrolada y la evidente incapacidad estatal para abordarla han afectado libertades civiles básicas como la libertad de movimiento y la libertad de reunión, así como la libertad académica. Las libertades de movimiento y reunión fueron legalmente restringidas para millones de personas cuando el Presidente Piñera declaró estado de emergencia en quince regiones, medida que fue reforzada con toques de queda en varias zonas. Pero la restricción más duradera ocurrió por los saqueos y vandalismo, que con la quema de transporte público y privado, bloqueos de plazas, calles, y caminos limitaron la capacidad de desplazamiento y reunión de una buena parte de la población. Aberraciones cívicas como “el que baila, pasa” y un número incuantificable de actos intimidatorios también inhibieron el ejercicio civil de estas libertades básicas.Finalmente, la libertad académica se vio comprometida dada la imposibilidad temporal de impartir clases en recintos de enseñanza, y en particular con el saqueo y ocupación de universidades y el acoso a quienes ejercen la docencia.
¿Cambio de rumbo?
Pese a los ominosos acontecimientos tras el 18 de octubre, todos los factores que condujeron a la erosión democrática pueden ser revertidos en el corto plazo si el gobierno logra controlar el desorden policial y cívico. Aunque la tarea es difícil, el país está mucho mejor posicionado para prosperar que los países americanos, europeos, africanos y asiáticos gobernados por fuerzas autoritarias que hoy lideran asaltos a instituciones y normas democráticas. Freedom House ha documentado un descenso sistemático en el nivel de democracia en el mundo en los últimos 14 años, debido principalmente a gobiernos que atacan a la prensa, socavan la independencia judicial y militar, cambian leyes electorales para sacar ventajas, y usan instituciones estatales neutrales como agencias de impuestos, inteligencia, y seguridad como armas políticas contra sus rivales. Nada de eso ocurrió en 2019 ni está ocurriendo en Chile.
Asimismo, en términos relativos Chile sigue siendo una democracia sólida. Con sus 90 puntos está igualado con Francia y por sobre países como Italia (89), Grecia (88), y Estados Unidos (86). De hecho, en América sólo es superado por Uruguay (98), Canadá (98), y Costa Rica (91). Aunque aún está lejos de los 97 puntos que tenía en 2009 o de los 100 que hoy comparten Suecia, Noruega y Finlandia, es sano evitar miedos irracionales sobre el futuro. La severidad de los abusos policiales y de la violencia civil declinó hace meses y por delante quedan procesos electorales que le dan a los votantes la posibilidad de participar, decidir y ser representados, pilares que sólo pueden ayudar a sostener una mejor democracia.